Implicaciones de las reformas procesales penales. Un abordaje desde la responsabilidad del Estado venezolano. Caso de estudio: años 2006-2008

Abstract

En los últimos 20 años en Venezuela ha sido una política de Estado el dictamen de nuevas leyes y de reformas constantes a los distintos instrumentos que conforman el ordenamiento jurídico, bien por sea, por sanción del Poder Legislativo, o por Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley dictados por el Ejecutivo Nacional, actuando habilitado para ello. Situación que se traduce, no en la difícil tarea de crear un nuevo cuerpo jurídico, sino en la aplicabilidad de esa norma, que goce de aceptación social, y más aún que el espíritu y propósito del legislador se materialicen. De allí que esta investigación verse sobre las implicaciones de las reformas procesales penales en un abordaje desde la responsabilidad del estado venezolano, que permita develar previo análisis de distintas variables el fracaso del fin último perseguido por esas modificaciones procesales, que sin lugar a dudas, inciden de forma negativa en contra de los sujetos a quienes va dirigida, pudiendo vulnerar principios y garantías de orden constitucional, sin mencionar la no erradicación de los vicios y trabas procesales que existen dentro del sistema judicial. En ese sentido el Estado desarrolla su modelo de administración de justicia conforme a lo previsto en nuestra Constitución Nacional, pero tal situación no lo exonera de realizar actuaciones lesivas para los derechos de los sujetos procesales. La aplicabilidad de las reformas introducidas al Código Orgánico Procesal Penal en los años 2006-2008, distan significativamente de la intención del legislador patrio, traduciéndose en letra muerta de compleja materialización, y cuya responsabilidad recae con ocasión a la sanción y no aplicación de la última voluntad del legislador, de allí que ello deba ser incorporado a nuestro texto constitucional.