Legislación venezolana y cadena de custodia de las evidencias

Abstract

Se investigó la deficiente regulación legal de la denominada cadena de custodia de las evidencias del delito. También las graves contradicciones presentes en la actual normativa y su incidencia en la violación de Derechos Humanos por parte del propio Estado venezolano. La investigación es preponderantemente bibliográfica y principalmente se obtuvo la información documental de autores foráneos, aunque los autores patrios que tratan temas relacionados también fueron consultados en el análisis de la problemática planteada. Los aspectos atinentes a los Derechos Humanos, su contenido específico, evolución histórica y sus manifestaciones se analizan tomando en cuenta el sistema anglosajón y el sistema continental europeo, mediante una comparación con las ideas expuestas por conocidos juristas patrios. De igual manera se procedió con relación al fundamento político de nuestra república como estado social de derecho y de justicia, así como con el rol protagónico que desempeñan los Jueces en la protección efectiva de las garantías consagradas como objetivo principal de la actuación estatal. La relación indisoluble entre la responsabilidad del investigador del delito y la actividad procesal probatoria permite demostrar, comparativamente, las carencias legislativas denunciadas como vacío en nuestro sistema; básicamente, en la determinación de los supuestos de conducta cuya comisión acarrea responsabilidad disciplinaria por el ejercicio de la pesquisa criminal. Se estudia así mismo la guarda de los rastros materiales del delito, presupuesto necesario a la incorporación lícita de las evidencias físicas, como también los estados intelectuales del Juez, destacando la perspectiva racional y científica que impregna el proceso penal acusatorio. Mediante la aplicación de un sondeo de opinión a una muestra de los Jueces Penales del estado Carabobo, se corroboraron las hipótesis de trabajo formuladas en la investigación realizada. Entre las conclusiones se destaca que con el vacío legal denunciado el Estado venezolano lesiona los Derechos Humanos tanto de los acusados como de los propios funcionarios investigadores. De los primeros porque facilita la incorporación al proceso de rastros materiales de los cuales no se puede establecer con certeza su identidad, individualidad e integridad; lo cual impide el debido proceso al reo. Y a los funcionarios investigadores porque éstos pueden ser sancionados y hasta destituidos arbitrariamente de su cargo por no existir un modelo legal de para evaluar su desempeño; situación está que permite imponer sanciones arbitrarias, lo que viola el principio de tipicidad y la garantía al debido proceso. Como recomendaciones se ofrecen un concepto de cadena de custodia y un proyecto de normas que regulen los aspectos de la institución, en dieciséis artículos.