Protección del testigo en el sistema procesal penal Venezolano

Abstract

La incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de normas sobre protección de testigos en causas penales responde, una vez más, a la iniciativa internacional plasmada en diversos textos e instrumentos jurídicos asumidos en el ámbito de Naciones Unidas y de la Unión Europea y que han sido reconocidos y ratificados por la República de Venezuela; donde se hacen recomendaciones sobre la necesidad de regular la protección de este órgano de prueba. Estas normas se dictan para compatibilizar el derecho a un proceso con todas las garantías y la tutela de derechos fundamentales inherentes a los testigos, peritos y sus familiares. La normativa pretende el más escrupuloso respeto a los principios constitucionales y legales que informa todo proceso penal, y por tanto, el Estado debe adoptar las medidas necesarias para conjurar ese peligro y garantizar la seguridad de quienes resulten o puedan resultar afectados por esa situación. El testigo posee intereses legítimos y relevantes (vida, integridad física, libertad, seguridad, patrimonio, etc.) que deben ser objeto de protección, es decir, son sujetos procésales que gozan de derechos al igual que las víctimas dentro del proceso penal acusatorio. La prueba testimonial ha sido considerada la prueba por excelencia a los efectos de la comprobación del hecho punible y la consecuente culpabilidad penal del sujeto activo de su comisión, sin embargo, la contumacia de los ciudadanos que tienen conocimiento sobre un injusto, de comparecer a juicio, se ha debido a los grandes temores de enfrentarse a los acusados, y sobre todo, por la gran inseguridad jurídica. Los resultados obtenidos en este trabajo demuestran que en Venezuela no existe una normativa legal que brinde protección al testigo, por lo tanto, el deber de declarar previsto en el Código Orgánico Procesal Penal, no puede ser cumplido y eso ha traído como consecuencia que muchos delitos enjuiciados queden impunes. A través de la presente investigación se evidencio la importancia del testimonio como medio de prueba, y por esa razón, debe implementarse un programa que brinde protección a los testigos para cuando estos sientan temor de sufrir agresión a sus vidas o corran peligro por alguna causa o con ocasión de su intervención en los procesos.