Relación entre el estado venezolano y la iglesia católica romana desde 1964 en torno a los grandes temas socio políticos económicos

Abstract

El estudio tuvo como propósito analizar las relaciones entre el Estado venezolano y la Iglesia católica Romana en Venezuela desde 1964. La problemática parte de 1964 porque es en ese año cuando se celebra el Convenio entre Venezuela y la Santa Sede, extinguiéndose el patronato, paralelamente, se estaba celebrando el concilio Vaticano II, que tuvo lugar entre 1962 y 1965, renovando pastoralmente a la Iglesia, sus documentos recogen las pautas y directrices a seguir en campos temporales importantes en donde se desenvuelve el hombre. Por su parte, el Estado Venezolano, se encontraba ante un proceso de transformación profunda, ante un nuevo sistema político basado en la democracia, lo que significó dos cambios importantes. La investigación se fundamentó en investigaciones previas y teóricamente en dos grandes teorías, por una parte, la que sostiene la secularidad del Estado en virtud de la cual, el Estado, no profesa ninguna religión aunque consagra la libertad de culto, quedando la religión circunscrita al ámbito privado del individuo, la otra gran teoría corresponde a la complementariedad de funciones entre ambos actores para el logro del bien común. Se siguió un diseño de investigación bibliográfico de tipo documental, de nivel histórico, con un universo representado por los documentos emanados de ambos actores –Estado e Iglesia-, considerándose como unidades de análisis la educación, la familia, la situación social, sistema político y situación económica. Se pudo concluir que las relaciones tensas entre Estado e Iglesia obedecen a que existe una discusión filosófica de las bases morales prepolíticas del Estado, ya que para algunos, el Estado se fundamenta en supuestos que emanan del mismo y nada tienen que ver con valores religiosos. Mientras que para otros, el Estado es la expresión seglar de valores que tienen su origen en el cristianismo, lo que hace que la Iglesia sea reiterativa en su deber de aportar ideas y opiniones sobre la gestión del Estado en la consecución del bien común, y que, a su vez hace que el Estado a través de sus funcionarios rechace tales aportes, y los llegue a considerar excesos, cuando se encuentren como partidarios del primer grupo, o, valore y de cabida a tales aportes cuando sean partidarios del segundo grupo de opiniones.