Políticas públicas y el cooperativismo venezolano

Abstract

En el presente artículo se toma como centro de análisis el desarrollo cooperativo en el proceso político identificado como la Revolución Bolivariana, que acumula a la fecha quince años en el ejercicio del poder, de 1999 al presente 2013. Igualmente se diserta sobre la autonomía cooperativa y su afectación por las políticas públicas adelantadas por el ejecutivo nacional. Se exponen consideraciones sobre lo que aparenta ser una nueva percepción por parte del Estado del movimiento cooperativo basado en consideraciones ideológicas, y finalmente apreciaciones generales de algunas desviaciones que dieron lugar a que luego de un intenso fomento de nuevas cooperativas, la política estatal desistiera de sus planes iniciales, además de la emergencia de conflictos por el uso de las falsas cooperativas para evadir compromisos de la legislación laboral (Cabrera, 2009; Lucena, Freitez y Hernández, 2007), así como prácticas de corrupción a entes públicos especialmente. Es lo que también ha llevado a la política oficial a promover otras formas productivas, que igualmente intentan diferenciarse de las empresas capitalistas tradicionales, se trata de las llamadas Empresas de Producción Social (El Troudi y Monedero 2006, Alvarez 2009;Lucena 2009). La Revolución Bolivariana en una primera etapa se identificó como un proceso conducente al establecimiento de una democracia participativa y protagónica, pretendiendo superar la democracia representativa característica de la etapa política experimentada por Venezuela en el lapso que va desde 1958 hasta 1998. Para la construcción de este esquema el liderazgo bolivariano ganó en diciembre de 1998 el poder presidencial con suficiente apoyo electoral para así promover convocatorias a otras elecciones que fueron ganadas contundentemente, como fue el referéndum para proponer la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes originarios, no supeditados a ninguna instancia pre-constituida, a los fines de reestructurar al Estado. Luego en la elección de los constituyentistas logró resultados muy ventajosos para la elaboración de este nuevo texto constitucional. Ese proceso dio como resultado la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en referéndum celebrado en diciembre de 1999. En su contenido se incluyen normas que comprometen al Estado a la promoción y protección de diversas organizaciones y formas de participación popular, entre las cuales destaca las Asociaciones Cooperativas. Igualmente dentro del marco de esta nueva Constitución, se promulga el Decreto Ley Especial de Asociaciones Cooperativas de 2001, donde hubo la participación discreta de algunos sectores del movimiento cooperativo venezolano, originándose un contexto normativo favorable, que dio pie a la generación de políticas públicas con el propósito de fomentar la constitución de cooperativas como ya se había mencionado anteriormente, otorgando a los efectos numerosos créditos y políticas preferenciales de contratación con el Estado, algo de gran impacto tratándose de un Estado petrolero cuyo gasto público históricamente ha fomentado la economía venezolana, que en los últimos 14 años ha gastado en inversión social cerca de 551 mil millones de bolívares, que al cambio oficial serían 87 mil 460 millones de dólares (TELESUR, 2013).